Desde el día 15 de enero de 2015 todas las facturas remitidas a las administraciones públicas pasaron a ser electrónicas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Si bien los comienzos fueron duros por ambas partes, administración y proveedores, en la actualidad la práctica está muy consolidada. Los sistemas puestos a disposición por la administración son cada vez más estables y los proveedores ya han asumido esta nueva práctica que constituye un ejemplo de transformación digital.
El informe de AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales) de 2016 sobre el ahorro de la factura electrónica cifra el coste de presentación y tramitación de una factura electrónica en 3,56 € frente a los 11,67 € de una en papel.
Los número son reveladores, según un informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a fechas 31 de diciembre de 2016, inclusive, se habían presentado a través de FACe 13.894.398 facturas con un importe gestionado de 70.407.296.698 €, una vez excluidas las facturas rechazadas y anuladas.
A pesar de que quedan retos pendientes, la evolución es estos dos años ha sido creciente en cuanto a la adopción según podemos ver en las cifras de FACe en el portal de indicadores de Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE).
El Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) publica así mismo una nota técnica sobre la evolución en estos dos años de la extensión del servicio que concluye que “la buena acogida del actual modelo, el amplio uso del mismo y la experiencia obtenida estos dos años, hacen presagiar un futuro próspero a la factura electrónica en España, no solo en el Sector Público sino también en el Sector Privado”.
Notas técnicas del Administración Electrónica OBSAE