Las Cortes de Aragón han aprobado hoy la ley para la implantación y el desarrollo de las tecnologías en la nube en Aragón, una norma pionera en Europa que servirá de palanca para acelerar la transformación digital en la Comunidad y promover un ecosistema empresarial innovador alrededor de estas tecnologías.
La ley Cloud “prepara a Aragón ante el reto tecnológico”, según ha destacado la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, “situando a la Comunidad a la vanguardia de estas tecnologías, democratizadoras con la innovación, de bajo impacto ambiental y gran potencial transformador”.
La consejera ha mostrado su satisfacción por el consenso concitado en torno a la ley que, tras su tramitación parlamentaria, mantiene sus objetivos fundamentales y ayudará a captar nuevas inversiones y a generar más talento dentro del sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
En este sentido, la norma contempla medidas encaminadas a alcanzar la mayor implantación y desarrollo del Cloud en Aragón, partiendo de la administración pública, pero facilitando también su adopción por otros agentes dado sus ventajas: prestación de servicios tecnológicos a través de internet sin necesidad de infraestructura física, pago por uso y escalabilidad.
Y contiene, entre otras:
- Medidas que se aplicarán a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su sector público, con un nuevo plan de adaptación de las infraestructuras informáticas para acelerar la transformación digital de los servicios públicos.
- Medidas de apoyo y asesoramiento para el resto de administraciones aragonesas si consideran de su interés la utilización de las tecnologías Cloud.
- Otras medidas que se pondrán a disposición del sector privado con el fin de que empresas y operadores se sientan atraídos al empleo de las tecnologías Cloud e lo hagan en un entorno dotado de un máximo nivel de seguridad.
- Medidas relacionadas con la capacitación de profesionales y la generación de talento en torno a las tecnologías Cloud en Aragón.
- Medidas dirigidas a fomentar la confianza digital por parte de la ciudadanía a través de garantías de la máxima protección de los datos que se alojen en la Cloud Pública.
La norma está ligada a la estrategia de digitalización de la administración pública. Actualmente, los servicios públicos digitales de la administración autonómica se prestan mayoritariamente desde centros de procesos de datos privados pero, para ganar en competitividad y reducir también la huella de carbono, se persigue avanzar hacia un sistema de nube híbrida.
De tal forma, que aquellos datos más sensibles y los servicios esenciales continuarán en el Cloud privado y se decidirá, con todas las garantías, en qué casos el Cloud público es más adecuado para la prestación de los servicios desde la perspectiva de eficiencia en el uso de recursos, la sostenibilidad o la innovación.
La nueva normativa regula cómo se hará ese paso, en qué condiciones, con qué requisitos y reforzará la confianza digital con una carta de garantías para asegurar la privacidad de los datos en todo momento y que recogerá los compromisos de protección y tutela que el Gobierno adquiere sobre ellos.
En este sentido, la ley prevé un plazo de seis meses para definir por parte de AST la Política Cloud del Gobierno, que fijará la tipología de servicios para los que el uso de las tecnologías Cloud esté indicado y las condiciones para su utilización, salvaguardando en todo momento las máximas garantías de seguridad y continuidad de los servicios y sistemas de información.
Toda la coordinación, seguimiento, evaluación, impulso y comunicación de las acciones referentes a las tecnologías en la nube en el sector público autonómico corresponderá a una nueva Comisión para las Tecnologías Cloud.
Además, para expandir el uso más allá de la administración pública, especialmente en el tejido empresarial y garantizar el máximo nivel de fiabilidad, AST implantará también un certificado de homologación, que funcionará como un distintivo de calidad y seguridad.
Aquellos proveedores de tecnologías cloud o empresas que ofrezcan y desarrollen soluciones o servicios de integración en el entorno Cloud que obtengan la llamada Solución Cloud Certificada de Aragón figurarán en un registro público, de tal forma que los potenciales usuarios puedan disponer de una lista de máxima confianza de entidades prestadoras.
Tras el trámite parlamentario, la ley perseguirá además sentar las bases para avanzar en soberanía digital – entendida como la capacidad de tener el control sobre el propio destino digital- y prevé la elaboración, por parte del Ejecutivo, de una nueva Directriz sobre Política del Dato, que tendrá como objetivos, entre otros, la identificación de los datos susceptibles de ser compartidos y su nivel de accesibilidad.
Además, y para extender el uso de estas tecnologías, la norma incluye nuevas medidas para impulsar nuevas líneas de investigación en materia de Cloud en colaboración con la Universidad de Zaragoza, promocionar fondos de capital riesgo para el desarrollo de proyectos de startups en este campo, diseñar programas de divulgación y concienciación para la ciudadanía y favorecer los estándares abiertos y neutrales.
La nueva ley actualiza, por otra parte, las funciones del Observatorio Aragonés de Sociedad de la Información para su participación en el análisis y fomento de la implantación de esta tecnología en la sociedad aragonesa. E incorpora, por último, la promoción de estructuras de red Fog computing en zonas con menor accesibilidad de ancho de banda, con congestión máxima o con velocidades más bajas en las redes móviles, que permita la creación de una red con menor latencia y menos carga de datos hacia la nube, consiguiendo mayor eficiencia en la transmisión de datos.
Tramitación de la norma
El proyecto de ley fue impulsado por Aragonesa de Servicios Telemáticos, entidad pública dependiente del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento y aprobado por el Consejo de Gobierno en junio del año pasado tras un amplio proceso participativo y el visto bueno del Consejo Asesor de Telecomunicaciones e Informática.
Ya en las Cortes, más de 20 entidades, empresas y asociaciones participaron en las audiencias legislativas para aportar sus valoraciones y propuesta al proyecto de ley. Y finalmente en ponencia, el texto se ha enriquecido mediante las enmiendas formuladas tanto por la oposición como por los grupos que sustentan el Gobierno, ya que han sido aprobadas tal cual o transaccionadas más de la mitad de las propuestas presentadas.